Buenas noches.
Qué importante es lo social y la inversión social que hace tanto el Gobierno nacional como los Gobiernos departamentales. En este plenario ya hemos hecho referencia, en diferentes oportunidades, justamente, a lo que ha sido la política del Gobierno departamental actual en cuanto a retacear los recursos para las políticas sociales que se venían volcando por parte de nuestra Administración. Hicimos referencia a que hay algunos temas que la anterior Administración del Frente Amplio tenía como prioridad, pero que el Gobierno departamental actual no las prioriza.
Con respecto a Cerema, en los últimos días escuchábamos que se seguía insistiendo una y otra vez en esa campaña mediática ‒con medios de comunicación que amplifican el discurso del Gobierno departamental y algunos parecen ser la página Web oficial del Gobierno departamental, copiando y pegando lo que transmite la Administración de Antía‒ en la que se decía que Cerema se mantenía con las puertas abiertas exclusivamente por el Gobierno departamental. No vamos a negar lo que aporta en estos momentos el Gobierno del Partido Nacional, que son $285.000, más los aportes de la luz y otros servicios que allí dan como contrapartida, pero tampoco vamos a negar que hubo una reducción de lo que se aportaba por parte de nuestra Administración.
Cuando nos fuimos del Gobierno ‒y lo dijimos anteriormente‒ se aportaban $350.000, más la luz, más el agua, más otros servicios por parte de nuestra Administración, pero nunca se empezó a contar todo lo que se aportaba sino que dábamos y decíamos lo que se aportaba en efectivo.
Si esos valores se hubiesen mantenido, al día de hoy estaríamos hablando de que Cerema estaría recibiendo $412.000 mensuales, aparte de los otros aportes que ya hacía la Administración anterior.
Pero, aparte de todo eso, cuando Cerema comenzó a tener dificultades fue, casualmente, cuando asumió el Gobierno del Partido Nacional, en julio de 2015, cuando comenzaron los atrasos, cuando los funcionarios no cobraron en tiempo y forma; decimos que Cerema se pudo mantener con las puertas abiertas por el compromiso que hubo de parte de los funcionarios, el compromiso con los pacientes, con los familiares, con la población del departamento, que lo que hizo fue tener vocación de servicio. En muchos casos, los funcionarios no cobraban sus sueldos, pero estuvieron trabajando todos los días para que Cerema tuviera sus puertas abiertas.
Escuchamos también que en algunos casos algunos dirigentes del Partido Nacional se frotaban las manos para que el Gobierno nacional no cumpliera con el compromiso que había asumido, de brindar un salvataje para que Cerema pudiera mantenerse abierta.
Finalmente, el jueves de la semana pasada llegó esa partida que algunos decían que nunca iba a llegar, el compromiso y el convenio firmado entre ASSE y Cerema; los $800.000 llegaron a Cerema y hoy pudo pagarles a sus funcionarios.
Con respecto a eso que se ha venido manteniendo insistentemente por parte de algunos dirigentes del Partido Nacional, de algunos ediles, de algunos actores del Gobierno departamental ‒hemos escuchado al intendente y al secretario general‒, planteándose todos los aportes que se hacían a Cerema, decimos: el Gobierno del Frente Amplio a nivel nacional cumplió con el compromiso asumido. Cerema recibió la primera partida, está para discutirse la Rendición de Cuentas donde Cerema se va a incorporar a la ley ‒cuando esté la aprobación definida, porque tiene media sanción‒ como Centro de Referencia Regional, y será un avance para el departamento de Maldonado, tal como estaba previsto desde que Cerema se creó. Cuando hubiera una Ley de Centros de Referencia Regional, Cerema iba a formar parte de eso. El Gobierno del Frente Amplio cumplió y, cuando asume un compromiso, lo efectiviza.
Presidente: por otro lado ‒y dejando de lado esta política del Gobierno departamental de excluir a sectores de la población, de beneficiar a ciertos empresarios, a ciertos amigos del Gobierno, haciendo cientos de contratos millonarios con algunos exdirigentes del Partido Nacional o algunos abogados muy prestigiosos para la Administración actual‒, también debemos decir y hacer referencia a otro de los recortes que se ha hecho por parte de la Administración y que tiene que ver con la ONG “Maestra Juana Guerra”. Esa ONG tenía firmado un convenio con la Administración del Frente Amplio, donde todos veían que se hacían tareas de…
Esa ONG hacía tareas de mantenimiento en la peatonal Sarandí, donde había un convenio firmado con la Administración del Frente Amplio, y ese trabajo se siguió realizando cuando asumió la Administración departamental del Partido Nacional. En 2017 cayó el convenio, y la Administración actual decidió no renovarlo. La Administración tiene las potestades, pero no prioriza a este sector de la población y sí prioriza otras cosas.
Está bien, puede ser cuestionable, pero está en su derecho; pero en lo que no está en su derecho es en no haberle pagado a la ONG por el servicio prestado desde el año 2016 a mayo de 2017. Hoy la Intendencia Departamental le debe $1.100.000 a la ONG “Maestra Juana Guerra”, pero no se los ha pagado ‒a eso sí que no tiene derecho la Administración departamental‒.
Por más que no se firmara el convenio nuevo y por más que la Administración tuviera el derecho a no renovarlo, debe pagarle el dinero porque el servicio se prestó. A lo que no tenía derecho era a no pagar por el servicio que la ONG brindó, habiendo, además, un convenio firmado con la pasada Administración.
Estamos hablando de una ONG ‒y el otro día estuvimos recorriendo las instalaciones‒ que atiende a cincuenta y dos personas con discapacidad, de entre diecisiete y sesenta y siete años, donde se trabaja de forma excepcional: hay un maestro que trabaja con los chiquilines, hay profesores de canto, se trabaja en una huerta. Es un centro, un hogar que se construyó con recursos del Gobierno nacional y del Gobierno departamental de la pasada Administración, pero hoy el Gobierno del Partido Nacional tampoco prioriza a esa ONG.
Toda esa política y ese accionar que tenía el Gobierno del Frente Amplio, incorporando a sectores de la población que durante años habían estado excluidos ‒la Administración trabajó incansablemente desde el 2005 al 2010, donde la conducción de Políticas Diferenciales estuvo a cargo de Eduardo Elinger, que no era de nuestro partido, y después Eliana Quintela llevó adelante la gestión 2010-2015‒, ha ido en retroceso, debido a lo que está sucediendo hoy en el departamento de Maldonado en lo que tiene que ver con políticas inclusivas y derechos para sectores de la población que durante años estuvieron sin voz.
El otro día escuchábamos en una radio a uno de los encargados de Políticas Sociales de la Intendencia, que decía: “Es cierto, no hay una buena relación entre la ONG “Maestra Juana Guerra” y algunos directores”. Y, claro, no hay una buena relación entre la ONG y la directora de Políticas Inclusivas que al día de hoy tiene al frente la Administración departamental.
Esto no se trata de un relacionamiento personal, de si me llevo bien con Fulano o con Mengano, sino que se trata de cumplir, en primera instancia, con convenios que ya estaban establecidos y de llevar adelante y asumir el compromiso establecido, pero también de priorizar a esos sectores de la población que ¡vaya si el Partido Nacional los excluyó en el período 2000-2005! Esa historia se repite, y hoy para el Gobierno que encabeza el intendente Antía no son prioridad ni las políticas diferenciales, ni las políticas de inclusión, ni las políticas sociales, las que simplemente lo que hacen es darles derechos a aquellos ciudadanos que durante años no los tuvieron.
Gracias, señor presidente.
Queremos solicitarle al intendente departamental que trate de efectivizar el pago a la ONG “Maestra Juana Guerra”, porque es un convenio que estaba firmado y porque, además, la ONG brindó el servicio para el cual se había asumido un compromiso por parte de la Administración.
Quiero darles destinos a mis palabras.
PRESIDENTE.- Sí.
EDIL DELGADO.- A la Mesa Política del Frente Amplio, al intendente departamental, a la Dirección de Políticas Inclusivas, al secretario general de la Intendencia y al director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, Alejandro Lussich.
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