Gracias, presidente.
Vamos a hablar de un tema que ya ha sido reiterado en esta Junta y que es de público conocimiento: hemos tenido diferentes audiencias con el Gobierno departamental. De esas audiencias algunos medios de comunicación no se enteraron, ya que se ocuparon de cubrir otras cosas y no del Gobierno departamental yendo al Juzgado a explicar por qué se negaba la información una y otra vez. De esa información vamos a hacer un cronograma desde que se comenzó en la órbita judicial, porque no queremos reiterar cuando comenzamos allá por el año 2015 con los pedidos de informes y después con las reiteraciones, a las que no se dieron respuestas. Luego estuvo el pedido de acceso a la información pública, al que tampoco se dio respuesta. Sí cuando entramos a la órbita judicial..., vamos a hacer referencia.
El 30 de octubre de 2017 se hace la demanda, se presenta en el Juzgado de 6° Turno. El 3 de noviembre se da traslado a la demanda y se fija audiencia para el 8 de noviembre del año 2017. El 7 de noviembre del año 2017, un día antes de fijada la audiencia, el Gobierno departamental presenta la inconstitucionalidad de la Ley de Acceso a la Información Pública. Algo poderosamente llamativo era que en el año 2017 el Gobierno del Partido Nacional estuviera diciendo que la Ley de Acceso a la Información Pública era inconstitucional. (g.t.d.)
Eso fue cuestionado por la Agesic, por Cainfo y por algún especialista como Lanza, quien dijo que era bochornoso lo que se hacía por parte del Gobierno departamental.
Pero no sucedió solo eso, sino que la directora de Jurídica fue más allá y salió en algunos medios de comunicación amenazando y diciendo que si seguíamos utilizando este mecanismo podíamos hasta perder el cargo porque éramos ediles departamentales. ¡Otro bochorno del Gobierno del Partido Nacional!
Finalmente, el 1º de febrero la Intendencia desiste ‒sorpresivamente‒ de ese recurso de inconstitucionalidad.
En medio de todo este proceso de presentación del recurso hubo una consulta a constitucionalistas ‒la Intendencia contrató a dos constitucionalistas para que le informaran‒, y es ahí, a través de los informes que se presentaron por parte de la Administración ‒otras contrataciones de miles de dólares que el Gobierno departamental destinó para esos constitucionalistas‒, que se presenta la demanda.
Como decíamos, el 1º de febrero se desiste de la demanda y el 2 de febrero la Intendencia, a través de la nueva Unidad de Transparencia, dice que se va a brindar toda la información y comienza a dar, de forma muy precaria, muy lenta, parte de la información que habíamos solicitado. El intendente departamental firma las resoluciones diciendo que se nos debía brindar la información, pero no decía qué información se nos debía brindar, porque una cosa eran las resoluciones y otra cosa eran las respuestas a todo lo que habíamos solicitado; es decir, no se sabía si finalmente se estaba respondiendo lo que habíamos preguntado.
El 19 de abril, a solicitud del Juzgado, se pone en conocimiento que la información se había entregado por parte de la Intendencia. El 20 de abril se presenta un escrito agregando nueva información y expresando que de esta manera se había hecho entrega de toda la información solicitada.
El 26 de abril se presenta un nuevo escrito informando al Juzgado que la Intendencia no había cumplido con la totalidad de la información que se había solicitado por parte nuestra.
El 8 de mayo se fija la primera audiencia, donde la Intendencia Departamental agrega una caja con documentación y un pendrive. Se desencajonó esa información que se nos estuvo ocultando durante tres años y se nos brindó en el Juzgado. Esa información que se había ocultado una y otra vez, esa información que la directora de Jurídica decía que no teníamos derecho a conocer, se llevó a instancia judicial.
Finalmente, y luego de que presentáramos un nuevo escrito diciendo que no se nos había brindado toda la información que habíamos solicitado, que se había ocultado parte de la información que pedíamos, el 17 de mayo se celebra una nueva audiencia. En dicha audiencia el Gobierno departamental dice que la información se había brindado, pero la jueza dice que en su momento se ocultó información por parte del Gobierno. Los abogados de la Intendencia dicen que no fue así y nosotros reafirmamos que no se había brindado la información en su totalidad.
¿Qué es lo que solicita la Intendencia? Un nuevo plazo. La audiencia se iba a fijar para el viernes 18 pero, a solicitud de la Intendencia, se fijó para el día de hoy, porque esta alude que no le daban los tiempos, porque había directores municipales de licencia y no tenían la documentación. Eso es algo que nos llama poderosamente la atención, porque la Intendencia, más allá de sus directores, tiene las Direcciones Generales y las diferentes Áreas, en donde la información debería estar; y si no estaba la información, se debía decir que no se quería brindar.
Y llegamos al día de hoy, día en el que nuevamente recibimos una sorpresa: el Gobierno departamental lleva más información, nos vuelve a dar documentación diciendo que habían constatado que había información que no se había brindado y por eso la ponían a consideración en la audiencia.
Evidentemente planteamos que, si esa era la totalidad de la información que habíamos solicitado, no se podía analizar la documentación. Es por eso que, sin más plazos, el próximo jueves vamos a tener la sentencia por parte de la jueza de 6º Turno.
Creemos que ha sido un bochorno lo que ha hecho el Gobierno departamental en lo que tiene que ver con la transparencia, con el ocultamiento de información. (a.t.)
Y vaya si estará vigente aquella conferencia de prensa que hicimos por parte de nuestros tres candidatos en plena campaña electoral, donde hablábamos de una “emergencia moral”, donde decíamos que el Gobierno del Partido Nacional gobernaba para unos pocos, donde decíamos que la falta de transparencia era moneda corriente, porque ya lo habíamos vivido, y hoy se repite una vez más ese ocultamiento, esa falta de información, esa negación de las leyes.
Eso es lo que sucede por parte de la Administración que encabeza el intendente Antía. Al frente estaba ‒y salía permanentemente en los medios de comunicación‒ la directora de Jurídica, Graziuso, la exjueza. Esa exjueza que, en su momento, archivó la denuncia que había contra el intendente Antía por enriquecimiento ilícito, esa misma jueza que hoy encabeza el equipo de abogados, el equipo de Jurídica de la Intendencia Departamental que salió a amenazar una y otra vez, diciendo que no podíamos acceder a la información.
Aparte de eso, seguimos insistiendo en que hay información que no se ha brindado por parte del Gobierno departamental. En uno de los puntos donde hace referencia al Gobierno departamental ya manifestó que no se nos va a brindar la información que tiene que ver con lo que debían pagar al 2017, en materia de contribución inmobiliaria, los padrones del departamento. Se acogen al secreto tributario, a lo que nosotros decimos que no corresponde, porque el secreto tributario es para las personas y no para los padrones; sin embargo el Gobierno del Partido Nacional dice que se acoge a esa ley y que no puede brindarnos la información.
Indudablemente, esperaremos la sentencia del jueves. Aspiramos y confiamos en que va a ser favorable a la demanda que hemos presentado contra la Intendencia Departamental y, si no lo es, buscaremos otros mecanismos constitucionales que nos permitan acceder a la información. Mientras tanto, seguimos a la espera de otros tantos pedidos de informes que hemos solicitado. Seguimos a la espera y en estos días vence el plazo de la reiteración del que hicimos hace dos sesiones atrás sobre la contratación del presidente de la Cámara Empresarial, José “Pepe” Pereyra, ese presidente de la Cámara Empresarial que sale con los autoconvocados a decir que hay que reducir el gasto del Estado, pero tiene una contratación millonaria por parte del Gobierno departamental y no sabemos qué es lo que está haciendo.
Gracias, presidente.
Queremos que nuestras palabras pasen a la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, a los medios de comunicación, al intendente Antía, a la directora de Jurídica ‒Graziuso‒ y a la Mesa Política Nacional del Frente Amplio.
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